Publicado en RATm, por Juan Luis García Alejo
El problema eléctrico es de enorme complejidad. Su importancia estratégica en el desarrollo troncal de una economía, su vinculación con el grado de independencia energética del exterior, la necesidad de convertir el acceso a esta fuente de energía en una garantía,… Éstas entre otras cosas hacen del sector eléctrico uno de especial e íntima relación con el regulador (el legislador). Planificación de la capacidad a plazo, apuestas por tecnologías específicas, subvenciones a nuevas fuentes de energía, control de la tarifa para usuarios, mantenimiento del sistema…
Hasta el viernes, el conjunto de las decisiones de política energética tomadas desde 2004 (mucho antes verdaderamente, quizá desde 1997) han conducido a que Europa considere que nuestro sistema eléctrico sea una bomba de relojería macroeconómica que ha de ser desactivada. Lo que genera el sistema, sus ingresos, hace muchos años que dejó de cubrir los costes reconocidos (regulatorios) del mismo. Es un sector que ha sido diseñado de forma que resulta deficitario. Y este déficit ha ido creciendo de forma acelerada desde 2004.
Las cosas están así. En 2013 (ver datos de REE) la demanda pico ronda en promedio los 40.000 MW en meses fríos y niveles algo por debajo en primavera. Esto es lo que consumimos. Es un dato. ¿Y cuánta capacidad instalada hay para atender esa demanda? Bueno pues tenemos (cierre abril, dato REE) 102.039 MW instalados en el sistema peninsular, de los que en régimen ordinario (hidráulica, nuclear, fuel/gas, ciclos combinados) tenemos 62.720 y el resto, 39.319 MW, son de régimen especial: hidráulica especial, eólica, solar (fotovoltaica y térmica), térmicas (renovables o no). Estamos sobredimensionados desde el punto de vista de la oferta. Así, al amparo del crédito fácil, las subvenciones y primas que pagamos todos, los más avispados rarísimamente movidos por el afán industrial sino el financiero, se han construido sus parques fotovoltaicos.
¿De dónde viene este desequilibrio oferta-demanda? De los años en los que atábamos los perros con longanizas. En 2004 el gobierno de ZP optó por una política eléctrica encaminada a cubrir riesgos de suministro apoyada en las energías renovables y la cogeneración. Un régimen centralizado de fijación de primas y subvenciones generosísimas, unido a un poder autonómico sobre el diseño final que nos ha hecho encontrarnos con el disparate fotovoltaico y más recientemente el termosolar.
Ponerle fin era una obligación. Y este pasado viernes ha llegado la decisión del Gobierno. El bloque de medidas aprobado el viernes supone añadir un ajustito de otros 4.500 millones de €. ¿Quién paga el pato?
- Paganos de a pie unidos: 1.800 millones € (por ahora). 900 en forma de subida en agosto y 900 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Y si hay déficit por encima de 500 millones de € subirá la luz. Sí, los usuarios parece que siguen comprando tickets al infierno presupuestario familiar.
- Eléctricas “tradicionales”: 1.350 millones de €. Rentabilidad activos regulados limitada al 6,5%.
- Eléctricas del régimen especial: 1.350 millones de €. Y los proyectos renovables limitarán su rentabilidad al 7,5%.
¿Cómo ha ocurrido todo esto? Chi lo sa. Pero no es la primera vez que nos ocurre. Sin abundar mucho, la planificación eléctrica de finales de los setenta en España (efectos de la crisis del petróleo) nos dejó un plan de nuclearización que se abortó de golpe. ¿Alguien no recuerda el repugnante asesinato del ingeniero José María Ryan Estrada? ¿Y a ETA reclamar no-sé-qué temas ecológicos después de apretar el gatillo (su estilillo matón viene de lejos, claro)? Bueno, pues la moratoria nuclear que se aprobó en 1984 costó al estado 729.000 millones de pesetas o 4.381 millones de € de aquella época. Bueno, al estado no le costó nada. Fue a nosotros que lo pagamos en el recibo de la luz como un “recarguillo”. Para compensar a quiénes se habían comprometido en inversiones tan millonarias.
Tú, Leviatán, planificas y yerras. Y yo pago. Esto siempre se arregla así.
