El proyecto de Eurovegas es una inversión directa con grandes dosis de creación de empleo. Los responsables políticos de las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña han abrazado la idea desde el primer momento. La capital española y Barcelona se han erigido en las alternativas para hacer una ciudad del juego, como en Las Vegas, pero en Europa.

Sin embargo, la inversión directa, positiva en sí misma, podría tener connotaciones negativas. Los responsables del proyecto han pedido ciertas ventajas legales, desde fiscales a regulación en la contratación. En abril, el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), advirtieron que con lo que se conoce hasta el momento, existe el peligro de que Eurovegas se convierta en un paraíso fiscal en España. Podría constituir “un foco de blanqueo de capitales como cualquier otro paraíso fiscal”, avisaron.

Esta es la lectura negativa. Pero, ¿a quién le amarga un dulce? Con una tasa de paro del 24,44% y más de 5,6 millones de parados, ¿como cerrar la puerta a la creación de 150.000 puestos de trabajo? Al menos, esas son las cuentas iniciales de los responsables de Eurovegas. En principio se construirían cuatro resorts, con 12.000 habitaciones. Y si el negocio va bien, se ampliarían hasta 36.000 habitaciones. En este caso, los puestos de trabajo generados ascenderían hasta los 230.000 aproximadamente. Al fin y al cabo, la inversión extranjera directa es, en general, un motor del crecimiento. No solo produce de manera directa puestos de trabajo, sino que dinamiza una región con un efecto contagio a otros sectores económicos. Se crean externalidades positivas.

Con estas cuentas, para muchos no hay pecados capitales que valgan -de esos que tradicionalmente han acompañando en la conciencia colectiva a las salas de juegos y variedades-, o por lo menos así lo han considerado los dirigentes de Madrid y Cataluña.

Desde que se dio a conocer la propuesta del magnate estadounidense Sheldon Adelson en febrero del 2011, ambas candidatas han competido para ganarse el beneplácito del multimillonario y llevarse a su terreno el proyecto en cuestión, que supondría una inversión total de unos 20.000 millones de euros. Pero ¿dónde reside la mayor polémica? ¿Es cierto que creará 150.000 puestos de trabajo en la primera fase? ¿Hay condiciones ventajosas exigidas?

Parejo al anuncio de la propuesta han ido surgiendo voces en contra, cada día más activas y no solo políticas, también ciudadanas, organizadas en plataformas visibles en las redes sociales. En común, su malestar por las condiciones que ambas administraciones están dispuestas públicamente a asumir: Expropiaciones de terrenos, escasa regulación laboral, trato impositivo especial y exención legal en asuntos como la prohibición de fumar en espacios públicos. A cambio confían en crear 250.000 puestos de trabajo, 150.000 en la primera fase, la que lleva aparejada la construcción de 12.000 habitaciones. Vuelve a surgir la duda de si es beneficioso, y hay posturas para todos los gustos. También hay que reconocer que muchos puestos de trabajo serían temporales mientras durara la construcción del complejo.

En principio la empresa ‘solo’ aportará para la primera fase el 35% del capital. El 65% restante sería a crédito. Ya haya habido contactos con cerca de 40 entidades bancarias, pero el sistema financiero español tiene grandes limitaciones en estos momentos, con el grifo de crédito casi cerrado. A largo plazo, la compañía busca un retorno del 20% de rentabilidad. Cifra muy optimista.

Los partidarios de la propuesta se agarran con fuerza a la idea de que las inversiones con mejores resultados se hacen en las peores crisis, aún así, otros defienden que a largo plazo este “dulce nos puede amargar a todos”.