El plan de pago a proveedores llevado a cabo por el Gobierno es ya un hecho. Con la medida se beneficiarán más de 170.000 proveedores, entre los que destacan pymes y autónomos, que suponen más de dos tercios del total, y que son los que están acusando en mayor medida la actual situación económica, con una caída fuerte del consumo. Esta nueva medida supondrá un alivio para muchas compañías que estaban pendientes del cobro de las facturas de la administración pública para poder realizar su actividad. A su vez, las empresas podrán realizar el pago de los servicios a otras compañías, gracias a la liquidez de la que gozarán, por lo que este círculo vicioso de morosidad podría reducirse notablemente al contar el sistema con una mayor fuente de recursos económicos.

Los primeros en realizar los pagos están siendo los ayuntamientos, por un importe superior a los 9.500 millones de euros. Por su parte, a finales de junio se hará frente a las facturas de las comunidades autónomas, que ascienden a más de 16.500 millones de euros.

El importe entre los proveedores que se han adherido únicamente alcanza 27.000 millones, por lo que aún podrán acogerse a esta medida más proveedores que presenten retrasos en los pagos o que no fueran aceptados en un principio. No obstante, esta medida tendrá un coste para las compañías, ya que tendrán que renunciar a los intereses que habría generado esa deuda y aceptar en algunos casos un descuento en el importe de la factura. Aun así, aunque el importe cobrado sea inferior al previsto, lo fundamental es que logrará otorgar una mayor fuente de recursos económicos a muchas empresas necesitadas de financiación.

La nueva ley pretende realizar una inyección económica a las compañías pendientes del pago por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, que en muchos casos presentan una gran dependencia de los ingresos procedentes de la administración pública. De este modo, podrían evitar no sólo que se produzca una mayor destrucción de empleo, sino crear entre 100.000 y 130.000 nuevos puestos de trabajo, según afirmó el Gobierno. Además, se pretende poner freno a la alta morosidad de la administración pública. Expertos sobre este tema han destacado que la medida podría generar empleo, ya que se trata de una de las más importantes a nivel microeconómico. O, al menos, frenar la destrucción de puestos de trabajo. Todos ellos coinciden en destacar que permitirá aliviar la situación crítica que viven muchas compañías.

El ejercicio pasado fue especialmente duro para la economía española, ya que un total de 24.183 empresas tuvieron que cerrar en España, su nivel más alto de los últimos años. No sólo este dato muestra la dificultad por la que atraviesa el sector empresarial, ya que otras 6.056 compañías entraron en concurso de acreedores. La mayoría de empresas se están viendo afectadas por los recortes del gasto público y la falta de inversión, lo que está repercutiendo en que los ingresos de la mayoría de ellas sean cada vez menores.

Los retrasos en los pagos son más que relevantes por parte de la administración pública. La demora total del plazo de pago ascendía hasta los 110,89 días, superior al vencimiento de las empresas privadas, que se prorrogan en media sobre los 102,49 días.

La situación no está en su peor momento

Si atendemos a la evolución de los efectos impagados, se aprecia que la situación no está en su momento más dramático ni mucho menos. Según el último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en marzo de este año los efectos impagados alcanzaron los 689 millones de euros.

Cifra similar a la de diciembre de 2011, que era de 686 millones. Además, en el año pasado en ningún mes se logró bajar de los 500 millones. Si echamos una mirada más atrás, en pleno estallido de la crisis económica los importes impagados eran notablemente superiores. En algunos meses de 2008 el importe de los efectos impagos ascendió hasta los 2.000 millones de euros, siendo casi todos los meses (excepto uno), superior a los 1.500 millones.