Una expropiación forzosa es, según la legislación española, un procedimiento por el que, en base a una causa de utilidad pública o interés social, el Estado adquiere coactivamente bienes, derechos o intereses patrimoniales, para si misma o para un tercero.

Según la Ley de Expropiación Forzosa española existen distintos tipos de expropiaciones:

– De bienes de valor histórico, artístico o arqueológico

– Por causa de colonización u obras públicas

– En materia de Propiedad Industrial

– Por zonas o grupos de bienes

– Por incumplimiento de la función social de la propiedad

– Por razones de defensa nacional y Seguridad del Estado

– Por entidades locales o por razón de urbanismo

– Las que dan lugar al traslado de poblaciones

Cuando hablamos de expropiaciones es crucial tener claro los tres elementos claves que participan en las mismas. En concreto: La declaración de utilidad pública o interés social, el justiprecio o indemnización que se paga al expropiado y los derechos de reversión (si desaparece la causa motivo de la expropiación, el afectado tiene derecho a que se le devuelva el bien o derecho y, si no es posible, que se le indemnice).

Con la existencia de estas tres claves se busca evitar que la Administración haga uso de sus facultades expropiatorias más allá de lo previsto por la Ley.