La promesa del cumplimiento de déficit viene aparejada a grandes esfuerzos económicos que se han ido traduciendo, en el caso concreto de los impuestos, en subidas del IRPF y del IVA. ¿Serán los únicos? Evidentemente no. El Ejecutivo español ya ha anunciado la creación de un nuevo gravamen, la “tasa verde”, y ésta no será la única.

A este impuesto “verde” o tasa de protección medioambiental, cuyos detalles se conocerán a finales de mes, se le une otra novedad: el gravamen de las plusvalías financieras que generen las operaciones bursátiles realizadas en el plazo inferior a un año. Su objetivo no es otro que el de intentar contener las operaciones especulativas en el mercado. La reforma se aprobará en los próximos Presupuestos Generales del Estado, que se presentarán el 27 de septiembre en el Congreso. Este gravamen pretende mantener constante el tipo impositivo para las inversiones de capital de mayor antigüedad, que pagan a Hacienda al menos un 21%. En cambio, para las plusvalías generadas a corto plazo, se tributará un mínimo de 24,75% del beneficio y un máximo de 52% en función de la renta del beneficiado en dichas operaciones.

Estos cambios fiscales se unen a la moda de los céntimos tarifarios, como el del “céntimo verde”, que lo más probable es que sea precisamente la nueva tasa verde. Este “céntimo” es el que se estudia aprobar en la reforma energética, aplazada nuevamente por el Gobierno. En principio, la tasa se aplicará con exclusividad al gas natural y no afectará a los combustibles de automoción, que por primera vez pueden respirar tranquilos. Pero atención porque este céntimo verde, de aprobarse, no se destinará a aumentar los ingresos fiscales, tan debilitados en los últimos años por la retracción del consumo y de la inversión. La intención es destinar lo recaudado a reducir el déficit tarifario, dado que el desfase entre los ingresos y gastos del sector eléctrico asciende a 24.000 millones, y cada año esa cantidad va creciendo en torno a 6.000 o 7.000 millones de euros.

A los combustibles de automoción ya les tocó en su día un nuevo gravamen, el “céntimo sanitario” (Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, IVMDH), un tributo indirecto y opcional que han ido aprobando las comunidades de Valencia, Castilla y León, Cataluña, Baleares, Cantabria, Andalucía y Castilla La Mancha a lo largo de este 2012. Su impacto en el precio medio es de unos dos céntimos de euro más por litro y desde patronales regionales como la Cecale (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León) ya culpan a esta tasa de la inflación de agosto, en concreto de un 0,6% para la comunidad castellana.

Es evidente que el nuevo recargo sobre el gas natural lo asumirán los consumidores finales. Difícilmente veremos a empresas del sector que asuman en sus propias cuentas el céntimo verde, como sí ha pasado con la subida del IVA. No caerá esa breva. Lo que no está claro es si la medida resultará lo suficientemente efectiva para reducir el déficit tarifario. Por el momento las cifras demuestran que el consumo total de gas natural en España descendió un 7% en 2011, aunque si nos centramos en la demanda del mercado convencional, ésta retrocedió en conjunto un 0,8%. Un cóctel de medidas tributarias para intentar cumplir una promesa: la del déficit.